Prórroga de Estado de Emergencia en Puno iniciará el 6 de junio de 2023.
Las Fuerzas Armadas podrán intervenir en una de las regiones donde se registraron la mayor cantidad de muertes durante las protestas contra el gobierno
Por Carlos Oré Arroyo
El gobierno peruano ha publicado el Decreto Supremo 070-2023-PCM con el que confirma la prórroga del Estado de Emergencia en la región de Puno desde el 6 de junio del 2023. La medida que durará sesenta días señala que el control del orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, “incorporando a la Policía Nacional del Perú para el logro de dicho objetivo en la zona”.
El texto firmado por la presidenta Dina Boluarte señala que durante el mencionado periodo de tiempo se restringen y suspenden el ejercicio de ciertos derechos constitucionales. Se trata de aquellos vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, los mismos que se encuentra respaldados por la Constitución Política del Perú.
“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento”, se lee en el decreto firmado por la jefa de Estado.
Gremios y asociaciones puneñas piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
La medida llega a pocos días de confirmarse la reanudación de protestas en contra del gobierno de turno. A pesar de que la paralización de actividades no fue acatada por la mayoría de ciudadanos de la zona sur, el poder Ejecutivo ha dispuesto la ampliación del Estado de Emergencia. Se sabe que en las próximas semanas en algunas regiones sureñas se continuará con la organización de lo que se ha llamado la Tercera Toma de Lima.
El último día de mayo, las autoridades puneñas confirmaron que la convocatoria al paro seco en la región se acató de manera parcial. La movilización que pretendía paralizar las actividades económicas, comerciales y el bloqueo de vías no fue exitosa. Asimismo, los protestantes pedían la renuncia de la presidenta Boluarte, la disolución del Congreso de la República y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
“Hoy hubo algunas marchas y tres o cuatro puntos de bloqueos de baja intensidad de participantes en toda la región de Puno; mientras que en Ilave hubo una paralización reducida, donde se reportaron alrededor de 40 personas que han hecho un bloqueo de piedras. Sin embargo, se mantiene la convocatoria para que los manifestantes de Puno viajen a Lima”, dijo Francisco Aquise, presidente de la Cámara de Comercio de Puno.
Protestas en Puno
Familiares llorando en el funeral de Franz Juan Canazas, uno de los seis soldados que se ahogaron intentando cruzar un río, en el cementerio de Suancata a las afueras de Juli, Perú, el miércoles 8 de marzo de 2023. Los soldados estaban intentando llegar a la ciudad de Julio de la región de Puno para reforzar la seguridad en el área tras las protestas del sábado que se volvieron violentas y dejaron a cinco civiles heridos y una estación de policía y una sede judicial en llamas. (AP Foto/Juan Karita)
A inicios del 2023, 17 civiles y un miembro de la PNP fallecieron durante los enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de las fuerzas del orden. Informes de entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado presuntas violaciones de DD.HH. contra aquellos que se encontraban protestando y personas que transitaban por la zona de conflicto.
“Lo que hemos visto es una masacre. Son ejecuciones extrajudiciales desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos. Estamos ante crímenes que son imprescriptibles o sea no hay prescripción en estos casos y son crímenes que acarrean responsabilidad no solamente para los efectivos policiales o para los mandos policiales que estaban desplegados en el terreno, sino para Dina Boluarte”, dijo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tras las muertes registradas en el sur.
