Junta de Portavoces convocó a una sesión para esta tarde luego de que el congresista Edward Málaga presentara la moción de vacancia contra el mandatario
El titular del Congreso, José Williams, notificó este martes al presidente Pedro Castillo sobre la nueva moción de vacancia presentada en su contra por supuesta “permanente incapacidad moral”.
La iniciativa fue impulsada por el diputado no agrupado Edward Málaga y contiene las firmas de 67 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo, aunque la iniciativa legislativa deberá obtener los votos a favor de 87 parlamentarios del pleno para prosperar.
Según el procedimiento, una vez que la moción es presentada tiene preferencia en el orden del día y debe ser revisada antes que cualquier otra pendiente en la agenda.
En ese sentido, la junta de portavoces acordó ampliar la agenda e incluir la moción, a fin de que se vote su admisión en la sesión de este jueves 1 de diciembre. Será entonces cuando el Pleno someta a votación la iniciativa que busca la salida del jefe de Estado.
Según Málaga, la moción de destitución “no excluye el adelanto de elecciones o reformas políticas”. Incluso señaló que es “el primer paso para adelanto a elecciones generales”, lo que incluye renovar el Parlamento.
Se trata del tercer intento de la oposición para destituir a Castillo en su año y medio de gestión, marcado por constantes enfrentamientos entre su Gobierno y el Congreso, altamente fragmentado y dominado por la oposición, y la inestabilidad en el Ejecutivo, que ha contado con cerca de 80 ministros en cinco gabinetes.
Argumentos de la moción
Esta nueva moción de destitución, de más de 100 páginas, sostiene que “resulta inaceptable que, a pesar de las restricciones del artículo 117 de la Constitución, un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos”.
En concreto, el documento hace referencia a algunas acusaciones que giran en torno a Castillo y su círculo más íntimo, sindicados como presuntos integrantes de una supuesta organización corrupta.
También menciona el “copamiento y desmantelamiento del aparato Estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos, favoreciendo los intereses del presidente y sus allegados en perjuicio del bienestar ciudadano”.
En el Pleno del Congreso se da cuenta de la moción de vacancia presentada este martes contra Pedro Castillo. Congreso TV
Por ello, acusan al jefe de Estado de haber incurrido en la causal de “permanente incapacidad moral”, una figura jurídica sobre la cual en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por carecer de definición objetiva y no haber sido interpretada por el Tribunal Constitucional.
Este es el noveno proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992 y el tercero contra Castillo, quien sorteó un primer intento de diciembre de 2021, cuando la moción ni siquiera llegó a ser admitida a trámite, y el segundo proceso en marzo pasado, cuando la moción sumó solo 55 votos a favor.
La presentación llega en medio de una escalada de tensiones entre ambos poderes del Estado, después de que el Gobierno de Castillo interpretara el “rechazo de plano” de la mesa directiva del Congreso sobre un planteamiento de su Ejecutivo como una primera denegación a la cuestión de confianza.
Esta decisión, que el Gobierno lee como una primera “bala de plata” ante la posibilidad legal de cerrar el Parlamento en caso de obtener dos negaciones a votos de confianza, provocó la semana pasada una crisis total del equipo ministerial que encabezaba el ex primer ministro Aníbal Torres.
Por su parte, Castillo ha denunciado una suerte de “complot” en su contra por parte de un sector de la oposición política, del Poder Judicial y de los medios de comunicación para sacarlo del poder, mediante lo que calificó como una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
El mandatario empezó a hacer estas acusaciones después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentara ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por presuntamente liderar una supuesta organización criminal, en la estarían implicados exmiembros de su Gobierno y su círculo familiar.
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