|Foto: Agencia Andina
Constitucionalistas Ernesto Álvarez y Omar Cairo brindaron sus impresiones de lo que debería pasar con la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social tras no haber declarado que presidía del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac.
Tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que señala que la vicepresidenta Dina Boluarte habría infringido el artículo 126 de la Constitución al no consignar en su declaración jurada de intereses que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac mientras era parte del gobierno, constitucionalistas consultados por Infobae brindaron sus impresiones de lo que debería pasar con ella.
Para Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, el reporte de la Contraloría sobre la aparente actuación poco transparente de Boluarte es “muy directo y simple”. “No hay mucho detalle qué dilucidar. No es un caso complejo. Es bastante claro. Es una infracción y eso lo sabe un político”, indicó. Agregó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales vería primero el caso de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
“Después, con la fuerza de los votos el caso Boluarte pasaría a la Comisión Permanente y, finalmente, al Pleno, donde con la mitad más uno pueden inhabilitarla”, apuntó Álvarez. Enfatizó que el proceso de la vicepresidenta podría durar unas tres semanas como mínimo o un mes como máximo.
“Dina Boluarte va ser llamada a la subcomisión (Acusaciones Constitucionales) e irá con sus abogados. También existe la posibilidad de que haya reprogramaciones. Lo mismo podría pasar cuando acuda a la Comisión Permanente y al Pleno antes de que se efectúe la votación”, señaló.
Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, señala que informe de Contraloría es revelador.
Sobre la respuesta que Boluarte brindó para desmentir que cometió una infracción constitucional, el expresidente del TC indicó que el informe de la Contraloría sí llegó a certificar que ella firmó documentos del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac como su presidenta. “Ella es la presidenta del club. Podía presentar 25 pedidos de licencia porque maneja los hilos. Si se demuestra que firmó oficios, entonces tenía un cargo”, mencionó.
El jurista Álvarez consideró que Boluarte sería “una persona que no está muy apegada a la ley” debido a que la Contraloría también menciona que su hermano y cuñado, Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, habrían contratado con la Municipalidad de Pueblo Libre y la Contraloría, respectivamente, lo cual configurarían un potencial conflicto de interés.
Ambos están prohibidos por ley de contratar con el Estado.
JUICIO POLÍTICO
Por su parte, el constitucionalista Omar Cairo señaló que si Boluarte cometió infracción constitucional, lo que correspondería es que se le inicie un juicio político para que en ese procedimiento parlamentario reciba una sanción razonable que podría ser la suspensión o destitución del cargo de ministra.
“Lo que me parece desproporcionado es que se pretenda inhabilitarla para el ejercicio de la función pública. La infracción que (Boluarte) habría cometido se limita al cargo de ministra”, opinó. De otro lado, consideró que una posible sanción no podría alcanzarle a su investidura como vicepresidenta porque “esta figura no aparece en el artículo 126″.
De hecho, la norma dice lo siguiente: “Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Omar Cairo consideró como «excesiva» que a Dina Boluarte se le inhabilite en su calidad de vicepresidenta.
Para que la inhabilitación de Boluarte se efectúe, Cairo reveló que se necesita 2/3 de votos del nuevo legal de congresistas. Según el reglamento del Parlamento, cuando se trata de la aprobación de una acusación constitucional y su posterior sanción, los 32 miembros de la Comisión Permanente –en la que están incluidos los miembros de la Mesa Directiva liderada por María del Carmen Alva– no hacen uso de su voto.
Con esto, solo quedarían 98 legisladores hábiles para votar. Allí entraría a tallar el 2/3 de votos que serían 65 para aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte.
SE DEFIENDE
Ayer por la noche, la vicepresidenta volvió a publicar un nuevo comunicado en su cuenta de Twitter para rechazar que haya infringido el artículo número 126 de la Carta Magna, ya que pidió licencia al Club Apurímac y a la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, las cuales fueron concedidas sin ningún problema.
“Como todo ciudadano y ciudadana tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro, máxime cuando representan el desarrollo cultural de nuestro país, como es el caso de la Asociación Departamental Club Apurímac, así como de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, instituciones de las que no he percibido ni percibo remuneración ni beneficio alguno, las que están dedicadas a la promoción de nuestra expresión cultural”, publicó a través de su cuenta de Twitter.
Boluarte regresaría este viernes de Davos, Suiza, donde representa al Perú ante el Foro Económico Mundial.
