La máxima autoridad del Ministerio Público se pronunció esta tarde, poco antes de la conferencia anunciada por el Consejo de Ministros.
Fiscal de la Nación se pronuncia por denuncia constitucional contra Pedro Castillo
El Ministerio Público convocó a los medios de comunicación a seguir, de manera virtual, el pronunciamiento de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, a través de la cuenta oficial de Facebook de organismo. Este anuncio se dio pocos minutos después de que se anunciara la presentación formal a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
Según se anunció en las redes sociales de la Fiscalía de la Nación, la denuncia constitucional es por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y alcanza a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.
La fiscal de la Nación empezó su conferencia con un anuncio tajante: “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
La funcionaria indicó que, según la pesquisa, la organización es liderada por el presidente de la República e integrada, entre otros, por los ex ministros Juan Silva, Geiner Alvarado y el ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez.
Asimismo, dijo que los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión se habrían cometido en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
“Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, subrayó.
Benavides agregó que la denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, aseveró.
Feroz obstrucción
En la misma línea, la fiscal de la Nación advirtió de una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”, que aprovechándose de estar en el Gobierno amenaza la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia.
“La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, aseveró.
La denuncia de la fiscal también alcanza a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
En el caso Puente Tarata III se investiga si el presidente, junto al exministro del MTC Juan Silva y sus sobrinos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, direccionaron una obra pública por 232,5 millones de soles en beneficio de un consorcio que había sido contactado por los operadores Zamir Villaverde García y Hugo Meneses Cornejo.
El caso Petroperú se investiga la presunta adjudicación irregular de biodiésel B100 por 74 millones de dólares a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO) del empresario Samir Abudayeh, quien antes de ganar el contrato se reunió con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno.
