El mandatario habló desde Moyobamba sobre el rechazo del Congreso de atender la cuestión de confianza. Horas antes, la Subcomisión del Parlamento aprobó un informe que pide su inhabilitación por cinco años.
Pedro Castillo habló sobre la cuestión de confianza desde Moyobamba. (TV Perú)
Tras la aprobación de un informe de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que pide su inhabilitación por cinco años y una acusación por traición a la patria, el presidente Pedro Castillo llegó hasta Moyobamba (San Martín) para entregar el cheque al beneficiario 200,000 del FertiAbono.
Desde esa región ratificó que no se siente amilanado tras la decisión y advirtió que su Gobierno “dará una respuesta contundente en las próximas horas”, en referencia al rechazo del Parlamento a la solicitud del primer ministro, Aníbal Torres, de ser convocado de urgencia para presentar una cuestión de confianza.
“Hemos declarado ante el Parlamento una prerrogativa del Ejecutivo, como es la cuestión de confianza. Hoy conocemos la respuesta. Debo anunciar que el Ejecutivo dará también una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano”, dijo el mandatario.
“Vamos a dar una respuesta contundente con la finalidad de decir que el pueblo se respeta”, remarcó en seguida.
En la víspera, el presidente del Parlamento, José Williams, explicó que una eventual aceptación de su solicitud implicaría que el Legislativo, altamente fragmentado y dominado por la oposición, “ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes”.
“Lo exhortamos, señor presidente del Consejo de Ministros, a respetar la separación de poderes, la institucionalidad democrática y el Estado constitucional de derecho”, expresó Williams.
Torres envió el martes un oficio al titular del Parlamento para pedirle que lo convoque “a la primera oportunidad que sesione el pleno del Congreso a fin de plantear una cuestión de confianza”, un mecanismo constitucional que, en principio, puede usar el Ejecutivo sobre materias relacionadas directamente a su política general.
En concreto, el primer ministro solicitó que el Parlamento debata y vote un proyecto de ley que presentó el Gobierno para derogar precisamente los temas sobre los cuales puede ser planteada la cuestión de confianza.
Presidente Pedro Castillo sostuvo reunión con dirigentes del distrito de San Juan de Lurigancho.
En el caso de que el Congreso hubiera convocado a Torres y rechazado su planteamiento, el Gobierno de Pedro Castillo habría tenido que reformar su gabinete y, ante un posible segundo voto de confianza negado, el mandatario estaría facultado a cerrar el Parlamento, como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019.
Argumentos del Congreso
En la misiva, el titular del Parlamento justifica que, según la constitución peruana y el reglamento del Congreso, la cuestión de confianza “debe versar sobre materias o asuntos de competencia del Poder Ejecutivo —en estricto, en relación con la política general de gobierno—, y no respecto a competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.
Además, recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) ya declaró infundada la demanda que presentó el Gobierno contra la norma que define el ejercicio de la cuestión de confianza.
En ese sentido, Williams insiste en que “no es preciso” el argumento de Torres, quien defiende que sería procedente plantear una cuestión de confianza en la medida que ello estaría vinculado a la salvaguarda del sistema democrático.
El presidente del Congreso, José Williams, ofreció un discurso por los 200 años del Parlamento. Foto: Flickr Congreso
“Esta interpretación implicaría, conforme ha quedado establecido con la decisión del Tribunal Constitucional, que el Congreso ceda o abdique de sus competencias exclusivas y excluyentes, como lo son el procedimiento legislativo y el proceso deliberativo al interior de las Comisiones”, se lee en la carta.
Por ello, Williams resuelve que su pedido “no resulta atendible en los términos planteados”.
Esta fricción entre el Ejecutivo y Legislativo se produce en un momento de máxima tensión entre ambos poderes y once días antes de la llegada de una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedido de Castillo para aplicar la Carta Democrática Interamericana que garantice el respeto de la institucionalidad democrática en el país.
